ASF investigará contratos del INE desde 2000 por posibles irregularidades

04 de noviembre, 2026

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión integral de las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y sus antecesores desde el año 2000, tras identificar posibles irregularidades históricas en el manejo de recursos públicos y presuntos conflictos de interés en la adquisición de materiales electorales.

A través de un comunicado, el organismo fiscalizador, encabezado por Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que las investigaciones incluirán las operaciones del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), el actual INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

La revisión buscará identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales relacionadas con el ejercicio del presupuesto destinado a la organización de elecciones.

La ASF explicó que los trabajos de inteligencia y el análisis de información solicitada a distintas entidades federativas permitieron detectar indicios de múltiples anomalías que podrían remontarse a más de dos décadas.

La investigación ocurre después de diversos señalamientos sobre presuntas irregularidades en licitaciones para la compra de materiales electorales, así como posibles vínculos entre funcionarios y empresas proveedoras.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum había solicitado revisar los contratos del organismo electoral, particularmente los celebrados a partir de 2014, durante la presidencia de Lorenzo Córdova y después de la creación de los OPLE.

La mandataria también señaló que al menos cinco empresas han concentrado la producción de materiales electorales desde la época del IFE, situación que consideró necesario investigar.

**INE prepara denuncia ante la Fiscalía**

En paralelo, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, anunció el 3 de noviembre que las diez consejerías acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer posibles actos de corrupción relacionados con una presunta red de empresas vinculadas con Guadalupe Taddei.

La funcionaria aclaró que la denuncia será de carácter general y no estará dirigida inicialmente contra una persona específica, con el propósito de que las autoridades ministeriales determinen las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, indicó que el instituto mantiene una revisión de sus contratos, incluidos los relacionados con la producción de credenciales para votar, cuyo valor supera los mil millones de pesos.

Las investigaciones de la ASF y las posibles acciones de la FGR podrían ampliar el escrutinio sobre los mecanismos de contratación utilizados por las autoridades electorales durante los últimos 25 años, aunque los señalamientos aún deberán ser investigados para establecer si existieron responsabilidades administrativas o penales.